La discusión sobre la reforma del sistema educactivo en el Perú es extensa y compleja. Sin duda, hay mucho por hacer y por decir al respecto. El gobierno aprista ha tenido algunas iniciativas discutibles desde el incio de esta gestión. Las más recordadas: la llamada municipalización de la educación, y la ley del tercio superior.
En estos últimos días se ha desatado una polémica debido a la mencionada ley del tercio superior, que señala que solo podrían ser contratados en centros educativos estatales aquellos maestros que hayan egresado de sus universidades o institutos dentro del tercio superior de su promoción. ¿Qué pretende esta ley? Representantes del ejecutivo señalan que la meta es mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, esto no hará más que generar problemas adicionales a los que ya tenemos. Se me ocurren dos que saltan a la vista:
1. Corrupción de los funcionarios del sector para entregar certificados de tercio superior a quienes no pertecenen al tercio.
2. Simple falsificación de documentos (azángaro)
Sin embargo, hay un problema que considero el peor de todos y que tiene distintas aristas. Por un lado, existe una proliferación de institutos y centros educativos no universitarios de discutible calidad académica. Por otro lado, existen facultades de educación serias en universidades y también institutos que ofrecen la carrera de educación de una manera responsable. ¿Acaso esta norma pretende incentivar a quienes tienen vocación docente a estudiar en los lugares de menor exigencia académica, para así evitar que su título no tenga valor si no pertenece al tercio superior?
Nuevamente en el tema educativo el gobierno está disparando mal sus dardos. La reforma debe ser mucho más estructural que esta norma y podríamos comenzar capacitando y actualizando a los docentes, procurando mejorar la infraestructura en los centros educativos, pagando sueldos dignos e incentivando a los docentes por logros obtenidos y muchas otras cosas más.
